Ayuso protegerá la objeción de conciencia de la ley del aborto de Montero: «Es un derecho constitucional»

La Comunidad de Madrid, encabezada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, protegerá la objeción de conciencia de los médicos para no practicar abortos en la Sanidad Pública porque se trata de un «derecho constitucional».

Así lo han afirmado a OKDIARIO fuentes de la Consejería de Sanidad, que lidera Enrique Ruiz Escudero, quien se ha pronunciado este martes sobre el anteproyecto de la ley del aborto que ha ideado la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Escudero ha subrayado que ese texto debe ser compatible con la objeción de conciencia. «Habrá que ver exactamente en qué términos queda, pero sí que hay algo que vemos con cierta preocupación como es la exigencia de que los abortos se tengan que realizar en los hospitales públicos», ha señalado.

La cuestión es que la ley que prepara la ministra podemita obligará a que en todos los hospitales públicos se hagan abortos a chicas a partir de los 16 años, algo que, hasta ahora, no ocurre en la Comunidad de Madrid. La Sanidad madrileña si práctica este tipo de intervenciones en los términos que recoge la actual legislación, pero si en un hospital todos los médicos ginecólogos son objetores de conciencia, se transfiere a la mujer a otro centro donde haya sanitarios que no sean objetores.

De esta forma, se garantiza que las mujeres que quieran abortar puedan hacerlo en la región, pero respetando al máximo la objeción de conciencia de los profesionales, tal y como establece la Constitución en su artículo 30, que establece que «la ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria».

Un derecho fundamental que se desarrolla en laLey Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. «Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia», señala el artículo 19 del texto, que abunda que «el rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito».

Pero la nueva legislación del aborto de Montero podría poner en peligro este derecho, al obligar a los hospitales a que en todos ellos se practique aborto, de tal forma, que un médico objetor de conciencia partiría con inferioridad de condiciones a un puesto de trabajo si en ese hospital no hubiera médicos no objetores para ejecutar abortos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado en anteriores ocasiones que «jamás» va a obligar a un médico de la sanidad pública madrileña a practicar un aborto en contra de su conciencia.

La nueva ley del aborto de Montero plantea que las chicas puedan abortar sin permiso paterno a partir de los 16 años en cualquier hospital público, la píldora conocida como «del día después» sea gratuita en todas las farmacias, que se regulen bajas laborales por menstruaciones dolorosas y la eliminación de los tres días de reflexión obligatorios desde que una mujer pide abortar para reafirmarse en su decisión.